● Silvia Caccia, vecina de Chilecito, denunció públicamente que tras el robo de la patente de la moto de su hijo, la Policía se negó a tomar la denuncia y derivó el caso al Registro del Automotor.

● En el Registro, le exigieron turno previo, papeles y pago en efectivo para emitir un permiso provisorio qué deberá renovar cada mes. La patente definitiva demoraría hasta cinco meses. El trámite costó $10.000.

● A pesar de tener un permiso legal para circular, las estaciones de servicio se negaron a cargarle nafta debido a la Ley 10.725, que exige patente visible. “Hay que ir con un bidón como hacen los delincuentes”, relató.

● Denunció la desprotección ciudadana ante robos menores que no se investigan, y la degradación burocrática que la obligó a resolver con sus medios lo que el Estado no resolvió.

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