● Una familia con dos adultos y dos hijos menores de 18 años podrá solicitar la ciudadanía argentina con un desembolso total de US$ 500.000 en la modalidad de aporte al Estado, sin cumplir los dos años de residencia continua que se piden habitualmente. Es el «pasaporte dorado», el programa de ciudadanía por inversión que impulsa el Gobierno de Javier Milei para atraer capitales internacionales.

● El programa está dirigido a personas de alto poder adquisitivo que buscan una segunda ciudadanía y les ofrece dos vías. La primera es una contribución de US$ 350.000 al Tesoro Nacional, que no será reembolsable. La segunda es suscribir un bono soberano creado especialmente para el programa, por US$ 800.000 y con un plazo de siete años.

● Los familiares del solicitante principal también pueden sumarse. Por el cónyuge y por los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que sean solteros y no tengan hijos, el esquema prevé un aporte de US$ 100.000, y por cada menor de 18 años, US$ 25.000 adicionales. Con esos valores, dos adultos y dos hijos menores llegan a los US$ 500.000 de la modalidad de aporte al Estado.

● Que alguien pueda solicitarla no significa que la nacionalidad se otorgue automáticamente: los interesados deberán atravesar una evaluación que incluye la comprobación de su identidad, el análisis de su patrimonio, la trazabilidad y el origen lícito del dinero, los antecedentes penales y el historial migratorio.

● En ese proceso intervendrán la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y organismos de Seguridad e Interior. La Agencia elaborará un informe con una recomendación, pero la decisión final de aprobar o rechazar cada pedido le corresponderá a la Dirección Nacional de Migraciones.

● La iniciativa fue presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que «el pasaporte argentino es un pasaporte que realmente se utiliza muy bien, es aceptado en más de 140 países». La ciudadanía por inversión quedó incorporada a la Ley de Ciudadanía 346 mediante el Decreto 366/2025 y fue reglamentada por el Decreto 524/2025.

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