● Una compra por US$494.702,56 en bonos argentinos quedó en el centro de una causa que vuelve a moverse alrededor de Luis Caputo. La Cámara Federal habilitó por mayoría el recurso de la Fiscalía contra su sobreseimiento, por lo que la Cámara Federal de Casación Penal podrá revisar el cierre de la investigación vinculada con sociedades financieras y operaciones realizadas mientras era secretario de Finanzas.

● La investigación se remonta a 2017 y alcanzó los vínculos de Caputo con Princess International Group, radicada en Islas Caimán, y Noctua Partners, firma financiera que había cofundado antes de ingresar al gobierno de Mauricio Macri. La Fiscalía cuestionó que determinadas relaciones societarias no hubieran sido reflejadas correctamente en sus declaraciones juradas y sostuvo que debían profundizarse posibles conflictos de intereses.

● Uno de los puntos señalados por la acusación es que, entre marzo de 2016 y abril de 2017, LC Advisors facturó servicios a Noctua Asset Management por aproximadamente US$18.944. En ese período Caputo ya ejercía como secretario de Finanzas. Además, Princess International Group adquirió durante 2016 US$494.702,56 en títulos públicos argentinos emitidos durante la gestión económica de la que Caputo formaba parte.

● El fiscal Carlos Rívolo pidió en 2025 que Caputo fuera citado a declaración indagatoria, al considerar que existían elementos que justificaban avanzar con la investigación. Entre las hipótesis analizadas durante el expediente estuvieron negociaciones incompatibles con la función pública y la eventual utilización de información privilegiada, además de cuestionamientos relacionados con las declaraciones juradas y los vínculos societarios atribuidos al funcionario.

● La defensa rechazó que Caputo hubiera beneficiado a esas compañías y sostuvo que, una vez incorporado al Estado, no mantuvo vínculos incompatibles con su función. También planteó que el beneficiario real de Princess era su hermano Flavio Caputo. Los jueces que avalaron el sobreseimiento consideraron que no se demostró una ventaja concreta, trato preferencial ni el suministro o utilización de información reservada para favorecer las operaciones investigadas.

● El juez federal Julián Ercolini había sobreseído a Caputo y, en septiembre de 2026, la Sala I de la Cámara Federal confirmó esa decisión. Para los magistrados no quedó acreditado el carácter malicioso requerido para considerar delictiva una eventual omisión en las declaraciones juradas y tampoco encontraron elementos suficientes para sostener que las compras de bonos hubieran sido favorecidas desde la función pública.

● La fiscal general Eugenia Anzorreguy de Silva apeló y consiguió que, por dos votos contra uno, la Cámara Federal concediera el recurso para llegar a Casación. Caputo continúa sobreseído y no existe una declaración de culpabilidad en su contra: la nueva instancia deberá decidir si mantiene ese cierre o si acepta los cuestionamientos de la Fiscalía y permite que la investigación continúe.

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