● En Chilecito, la jefa de despacho del Juzgado de Instrucción N°2, denunció violencia laboral contra María Rosa Ortiz, secretaria del Juzgado de Violencia de Género. El caso fue elevado al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que ordenó la apertura de un sumario abreviado.

● Según la denuncia, los malos tratos se repiten desde 2022, incluso frente a jueces y colegas, y ya habían sido advertidos por otros empleados. La denunciante relató que la hostilidad afectó su salud y pidió resguardo urgente. “Estas situaciones atentan contra mi integridad y dignidad”, sostuvo en su presentación.

● El Tribunal dictó medidas cautelares inmediatas: prohibición de contacto y orden de no reiterar conductas que puedan ser percibidas como hostigamiento. Estas medidas son preventivas, obligatorias y rigen hasta el cierre de la investigación. No significan una condena ni prejuzgan, sino que buscan resguardar la salud de la denunciante mientras la Justicia determina responsabilidades.

● La resolución abre un dilema práctico: si ambas coinciden en la feria judicial o en audiencias conjuntas, cumplir la prohibición podría obligar a una a retirarse del lugar, con riesgo de interrumpir tareas o afectar a ciudadanos que esperan resoluciones. El caso expone la dificultad de aplicar protocolos de protección en el mismo ámbito que debe garantizarlos.

● La medida se apoya en normas que garantizan un trabajo sin hostigamiento, como el Convenio 190 de la OIT y el art. 14 bis de la Constitución. Pero más allá de los artículos, lo que está en juego es la confianza en que los tribunales puedan ofrecer un ambiente digno y seguro a su propio personal. La investigación seguirá su curso y será la Justicia la que determine responsabilidades, mientras la sociedad observa cómo el sistema aplica en sí mismo las reglas que exige a los demás.

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