● El Gobierno nacional confirmó este miércoles 12 de agosto que el anteproyecto para modificar el régimen de venta de libros no ingresó y no ingresará al Congreso. La decisión mantiene vigente, por ahora, el precio uniforme fijado por editores o importadores y frena una reforma que había generado alarma entre librerías, editoriales y autores del país.

● La Ley 25.542 obliga a que cada título tenga un precio uniforme de venta al público (PVP) en todos los comercios, con excepciones específicas. El sistema busca evitar que grandes cadenas, supermercados o plataformas utilicen los libros más vendidos con descuentos difíciles de igualar para las librerías pequeñas e independientes.

● El borrador impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado proponía eliminar ese régimen dentro de un paquete más amplio de cambios económicos. Sus defensores sostenían que la competencia permitiría ofrecer libros más baratos; las entidades del sector advertían que la medida podía concentrar las ventas y debilitar la diversidad editorial.

● La resistencia reunió a cámaras de editoriales, librerías y escritores, que defendieron el precio uniforme como una herramienta para sostener una red comercial diversa. El debate también expuso dos objetivos en tensión: reducir el valor que paga el lector y preservar comercios que mantienen catálogos amplios, incluso con títulos de circulación limitada.

● La marcha atrás no modifica la legislación vigente ni requiere una votación, porque el texto nunca tomó estado parlamentario. En consecuencia, las librerías deben continuar respetando el precio establecido para cada edición. Una futura revisión todavía sería posible, pero tendría que presentarse formalmente y atravesar el debate del Congreso Nacional.

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