● Después de dos años marcados por la reducción de personal y una pérdida estimada en 1145 puestos de trabajo, la Justicia federal suspendió por seis meses el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA), una de las estructuras del INTA vinculadas a investigación, asistencia técnica y agricultura familiar.
● La medida fue dictada por el Juzgado Federal N.º 2 de San Martín, a cargo de Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, tras una presentación realizada por ATE, APINTA y organizaciones relacionadas con pequeños productores. El magistrado resolvió frenar de manera cautelar el proceso de desmantelamiento mientras se analiza el fondo de la controversia.
● El fallo ordenó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria abstenerse de cerrar la estación experimental, despedir trabajadores, trasladar personal o equipamiento, vender inmuebles afectados a la actividad y desactivar programas que actualmente funcionan bajo esa estructura.
● Entre los argumentos expuestos, el juez señaló que podrían verse afectados derechos laborales, sindicales y actividades técnicas consideradas estratégicas. También advirtió sobre el riesgo de que investigaciones, equipos de trabajo y programas de extensión sufran daños difíciles de revertir si el cierre avanza antes de una resolución definitiva.
● La Estación Experimental AMBA desarrolla tareas vinculadas con la producción de alimentos, huertas urbanas y periurbanas, transferencia tecnológica y acompañamiento a productores familiares del área metropolitana. Por ese motivo, el planteo judicial excede el aspecto laboral y alcanza el futuro de programas que hoy continúan activos.
● La resolución no anula el plan general de reorganización impulsado sobre el organismo, pero representa un nuevo revés judicial para el ajuste en áreas científicas y tecnológicas del Estado. El mismo magistrado ya había intervenido anteriormente en medidas vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
● Por ahora, la estructura del INTA AMBA seguirá funcionando en las condiciones actuales durante al menos seis meses. En ese período, la Justicia deberá analizar la cuestión de fondo y definir si las medidas cuestionadas pueden avanzar o deben quedar definitivamente sin efecto.
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