Se le puso punto final a una causa que se inició a mediados de 2009, que detectó consultorios en Guaymallén donde una banda realizaba abortos clandestinos y partos donde vendían a los bebés recién nacidos. Tras 15 años de investigación, cuatro imputados aceptaron su culpabilidad en un juicio abreviado, logrando reducir sus penas. Fueron condenados a tres años de presión en suspenso, por lo que no cumplirán cárcel.
La investigación se inició en los primeros días de 2009. Un llamado anónimo en la Justicia Federal aportó detalles sobre una banda que operaba en la zona de San José, Guaymallén. Allí atendían a mujeres embarazadas que querían interrumpir el proceso o vender a los recién nacidos a otras familias. El caso fue derivado a la Justicia provincial que ordenó una serie de escuchas telefónicas que fueron revelando más detalles oscuros sobre el modus operandi.
En la investigación se reconstruyó que había dos ginecólogos involucrados: Silvia Irene Lorenzo (69) y Ernesto Aveiro Porcel, quien hoy tendría 87 años pero falleció en enero del año pasado. Este último incluso se hacía pasar por otro médico que ya había fallecido llamado Juan Carlos Moya.
Ambos atendían a sus pacientes en dos consultorios ubicados en San José: uno en calle Álvarez Condarco y otro en calle Sarmiento. En este último lugar es donde habían montado una especie de quirófano en el que practicaban los abortos o los partos clandestinos. En este último caso, entregaban al bebé al hijo de Silvia Lorenzo, Diego Horacio Funes (45), quien residía en la planta alta del consultorio. Estaba encargado de cuidar a los pequeños hasta que conseguían una familia compradora. También una vecina de calle Álvarez Condarco cumplía la misma función por una suma de 500 pesos, además de la entrega de pañales y leche.
Silvia Lorenzo y una de sus secretarias, Hilda Griselda Morán (65), eran las encargadas de buscar a las parejas que iban a comprar a los niños en sumas que rondaban los 20 mil pesos, aproximadamente. La pesquisa reconstruyó que el precio variaba según el color de piel y hasta de los ojos de los niños. Una vez que cerraban el negocio, realizaban un acta de nacimiento apócrifa para que los compradores pudieran tramitar el DNI.
Cuando la Policía decidió realizar los allanamientos a fines de febrero de 2009 se encontraron dos bebés, de 1 mes y 10 días de vida, que estaban en los domicilios de Diego Funes y de Roxana Ascanio.
Todos los sospechosos fueron detenidos, excepto Silvia Lorenzo que se encontraba de viaje y se terminó entregando semanas después. Recibieron la imputación de asociación ilícita y facilitación, promoción o intermediación en la alteración de la identidad de un menor de 10 años. Luego, recuperaron su libertad. Estaba previsto que durante toda esta semana se desarrollara el debate en su contra, pero finalmente llegaron a un trato con el fiscal y realizaron un juicio abreviado donde admitieron su culpabilidad.
Finalmente se quitó de la calificación legal el delito de asociación ilícita y fueron condenados a la pena mínima del otro delito: 3 años de prisión. Como ninguno de los sospechosos tenía antecedentes penales, la condena fue en suspenso y permitió que mantuvieran la libertad. En el caso de Lorenzo, se agregó el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer la medicina.
