● Una empresa con capital completamente extranjero podrá ser considerada proveedora local de grandes proyectos de inversión, siempre que esté constituida y domiciliada en Argentina. El Gobierno nacional cambió esa definición del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el Decreto 1366/2026, publicado este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial.
● Hasta ahora, la reglamentación exigía que al menos el 51% del capital, o los votos necesarios para controlar las decisiones de la sociedad, correspondieran a personas o empresas con domicilio fiscal argentino. La nueva norma eliminó esa condición: para las sociedades proveedoras importa su constitución y domicilio en el país, no la nacionalidad de sus accionistas.
● El cambio alcanza a las empresas que prestan servicios o suministran bienes a proyectos adheridos al RIGI, un régimen que ofrece incentivos y garantías a grandes inversiones. Sin embargo, existe un límite importante: cuando se entregan bienes, estos deben cumplir los criterios de origen nacional previstos en el acuerdo correspondiente del Mercosur. Tener dueños extranjeros no vuelve nacional a una mercadería importada.
● Para las firmas argentinas que buscan contratos en minería, energía u otros sectores alcanzados por el régimen, la modificación amplía el universo de sociedades que pueden reunir la condición de proveedor local. El Ejecutivo sostiene que pretende favorecer la participación de empresas radicadas en el país. El decreto no informa adjudicaciones concretas ni permite afirmar que alguna empresa de Chilecito haya perdido contratos.
● La reforma también fijó precisiones sobre los plazos para cumplir inversiones mínimas en determinados proyectos de exportación estratégica. Además, reguló cambios de accionistas, fusiones y reorganizaciones de las sociedades que ejecutan inversiones RIGI. En ciertos casos, las transferencias de participaciones deben informarse dentro de los 15 días y pueden ser observadas por la autoridad de aplicación durante 30 días.
● Otra modificación permite computar, bajo condiciones de destino efectivo, registro y trazabilidad, determinados dólares ingresados y liquidados por accionistas o integrantes vinculados a los proyectos para las reglas de acceso al mercado cambiario. El decreto entró en vigencia el mismo 16 de noviembre. Su aplicación no implica por sí sola nuevos contratos, inversiones realizadas ni cambios comprobados en el empleo local.
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