● Una frase especialmente dura quedó en el centro de un nuevo capítulo judicial que involucra a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó trasladar a la Justicia Federal de Campana una investigación por presunto lavado de dinero y calificó el cambio de domicilio de la entidad a Pilar como una “mera formalidad y ficción jurídica”.

● La discusión no gira todavía sobre si Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino u otras personas cometieron el delito investigado, sino sobre qué tribunal debe continuar con el expediente. El planteo buscaba que la causa saliera del fuero Penal Económico y quedara bajo competencia federal en Campana debido al domicilio que actualmente registra la AFA en el partido bonaerense de Pilar.

● Amarante rechazó ese criterio y sostuvo que “la totalidad de los actos de ejecución” bajo investigación habrían ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires. Para el magistrado, la sede formal asentada en Pilar no puede imponerse por sí sola sobre el lugar donde, según el expediente, se desarrollaron concretamente las operaciones que están siendo analizadas.

● El juez también puso el foco en el funcionamiento efectivo de la entidad. En su resolución señaló que, pese al traslado formal de su domicilio, la AFA continuó desarrollando en la Ciudad de Buenos Aires actividades centrales de su estructura, un elemento que consideró relevante para resolver cuál es el tribunal territorialmente competente.

● De allí surgió una de las expresiones más fuertes del fallo. Amarante consideró que utilizar exclusivamente el domicilio de Pilar para justificar la intervención de los tribunales federales de Campana significaría otorgarle prioridad a “una mera formalidad y ficción jurídica” frente al lugar donde se habrían producido los hechos concretos investigados.

● El expediente analiza presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas con el manejo de fondos de la AFA en el exterior. La investigación se desarrolla en paralelo con otros procesos que alcanzan a la conducción de la entidad, entre ellos causas relacionadas con obligaciones tributarias y previsionales y otras operaciones económicas bajo análisis judicial.

● Con esta decisión, Amarante mantiene por ahora la investigación dentro de su jurisdicción y rechaza su envío a Campana. La resolución constituye un revés procesal para el planteo que buscaba modificar el tribunal interviniente, pero no implica una condena ni una determinación sobre la existencia del presunto lavado de dinero investigado.

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