● La posibilidad de que un organismo del Poder Ejecutivo pasara a decidir quién obtiene la ciudadanía argentina terminó frenada en la Justicia. La Cámara Nacional Electoral declaró nulo el tramo del DNU firmado por Javier Milei que transfería esa competencia a la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio de Seguridad.

● El punto central del fallo fue institucional: los jueces remarcaron que otorgar ciudadanía no es un simple trámite administrativo, porque está directamente vinculado al acceso a derechos políticos, entre ellos el voto. Por eso, consideraron que esa materia no podía ser modificada unilateralmente por decreto.

● Según la resolución, el Poder Ejecutivo se excedió en sus atribuciones constitucionales al avanzar sobre facultades reservadas al Congreso de la Nación. La Cámara recordó que los Decretos de Necesidad y Urgencia solo pueden utilizarse en situaciones excepcionales, cuando el trámite legislativo ordinario resulta imposible.

● El tribunal también rechazó el argumento de urgencia presentado por el Gobierno. En su análisis, no existían razones de “rigurosa excepcionalidad” que justificaran evitar el debate parlamentario para introducir cambios de fondo en la legislación migratoria y de ciudadanía.

● El DNU cuestionado formaba parte de un paquete más amplio de endurecimiento migratorio. Entre otros puntos, establecía la exigencia de seguro de salud para extranjeros, limitaciones al acceso gratuito a la atención médica y a la universidad pública para quienes no tuvieran residencia permanente, además de mayores restricciones para personas con antecedentes.

● Un punto clave que todavía genera atención política y jurídica es el alcance exacto del fallo: la resolución conocida apunta específicamente al capítulo vinculado con ciudadanía y naturalización, lo que abre el debate sobre qué partes del resto de la reforma migratoria siguen vigentes y cuáles podrían enfrentar nuevas impugnaciones judiciales.

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