● El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales entró en una nueva etapa judicial: los rectores pidieron que se ejecute la cautelar vigente y que el Gobierno sea intimado a cumplirla. El planteo contempla que, ante un eventual incumplimiento de la orden, puedan imponerse multas y analizarse otras medidas para forzar su ejecución.

● El reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se produce después de que quedara sin efecto el obstáculo procesal que mantenía frenada la ejecución. La Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Estado y posteriormente la Cámara entendió que ya no tenía sentido mantener abierta aquella discusión, por lo que la cautelar continúa plenamente vigente.

● Esa medida judicial alcanza artículos de la Ley de Financiamiento Universitario vinculados con la actualización de los salarios docentes y no docentes y programas de becas estudiantiles. No significa, sin embargo, que la Corte haya resuelto definitivamente toda la disputa sobre la ley: el litigio de fondo continúa mientras las universidades buscan que se cumpla concretamente la cautelar.

● Uno de los puntos de mayor tensión está en los salarios. Universidades y sectores gremiales reclaman una recomposición adicional del 28,5%, porcentaje que surge de sus propios cálculos sobre lo que falta actualizar para cumplir con la ley. Esa cifra no fue establecida por el fallo judicial y es discutida por el Gobierno nacional.

● Capital Humano sostiene que “no existe incumplimiento alguno” y señala que en junio se acordó una recomposición salarial del 24,33%. El esquema contempla un 21,33% sobre los básicos desde junio y otro 3% para octubre. Para el Ejecutivo, los fondos correspondientes fueron girados y la negociación permanece abierta con una nueva instancia prevista antes de mediados de septiembre.

● El planteo de los rectores busca ahora que el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 avance con la ejecución efectiva. Entre las herramientas reclamadas aparecen las multas por demora —conocidas jurídicamente como astreintes— y la posibilidad de que, ante una eventual desobediencia de una orden judicial, se evalúe dar intervención al fuero penal.

● Mientras la disputa continúa en los tribunales, los gremios universitarios preparan nuevas medidas de fuerza para la próxima semana. Entre las convocatorias está el paro anunciado para el miércoles 12 de agosto, mientras Capital Humano calificó las protestas de “prematuras” y contrapuso que el acuerdo salarial firmado en junio continúa vigente.

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