● $33.786 millones concentrados alrededor de tres votaciones nacionales quedaron en el centro de una denuncia penal presentada por la diputada Marcela Pagano. La legisladora sostiene que desembolsos vinculados con el sistema vial fueron liberados hacia provincias o contratistas en fechas próximas a sesiones clave y que esos movimientos estuvieron relacionados con el apoyo legislativo al Gobierno.

● Según el relevamiento difundido por Pagano, entre el 11 y el 13 de febrero se pagaron $17.139 millones durante la ventana de la reforma laboral; entre el 8 y el 10 de abril, $12.551 millones alrededor de la reforma de la Ley de Glaciares; y entre el 19 y el 21 de mayo, $14.096 millones durante las votaciones sobre Hojarasca y zonas frías.

● La diputada afirmó que esos $33.786 millones representaron el 52,7% de todos los desembolsos realizados durante los primeros cinco meses de 2026. También sostuvo que, en los días asociados a votaciones, se liberaron 3,44 veces más fondos que durante el resto del mes. Esa correlación forma parte de su acusación y deberá ser contrastada con la documentación administrativa y bancaria.

● Pagano señaló especialmente movimientos relacionados con Jujuy, Misiones, Tucumán, Santa Cruz y Salta. En su presentación mencionó $11.987 millones vinculados con Jujuy, $13.493 millones con Misiones, $2.322 millones con Tucumán, $2.104 millones con Santa Cruz y $1.787 millones con Salta. También vinculó esos desembolsos con el comportamiento legislativo de representantes alineados con esos gobiernos provinciales.

● El planteo aparece en medio de otra discusión sobre el Sistema Vial Integrado. Documentación contable reconstruida a partir de balances e informes oficiales mostró que, entre 2024 y mayo de 2026, ingresaron más de $1,5 billones al esquema y sólo se aplicaron alrededor de $394.406 millones, mientras más de $1 billón permanecía colocado en títulos públicos y plazos fijos al cierre de mayo.

● La denuncia apunta a determinar si detrás de los pagos existió una maniobra penalmente relevante. Pagano pidió identificar certificados de obra, fechas de aprobación y pago y quién autorizó cada desembolso. Hasta ahora, la coincidencia temporal entre transferencias y votaciones constituye un elemento denunciado que requiere investigación: no acredita por sí sola cohecho, malversación ni una compra de votos.

● El origen de los recursos también exige una precisión: no todo el impuesto a los combustibles está destinado exclusivamente a rutas. La Ley 23.966 distribuye su producido entre distintos destinos y asigna el 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. La discusión judicial deberá establecer qué fondos concretos se movieron, bajo qué régimen y si fueron utilizados conforme a las normas aplicables.

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