● La relación entre el Gobierno de Santa Fe y Mercado Libre se tensó al máximo tras declaraciones del ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, quien vinculó a la empresa con actividades narco al criticar la postura del unicornio argentino frente a la suba de Ingresos Brutos. Mercado Libre respondió con un comunicado lapidario: negó las acusaciones, las calificó de infundadas y sostuvo que buscan desviar el foco del debate fiscal.

● La empresa cuestionó la Ley Fiscal 2025 santafesina, que incrementó los tributos provinciales, y sostuvo que ese esquema “encarece la actividad de miles de PyMEs y emprendedores locales”. Sobre las denuncias por supuestos vínculos con el narcotráfico —fundadas en la presencia de lectores de Mercado Pago en operativos—, la firma aseguró que colabora activamente con las autoridades, capacita a fuerzas provinciales y aplica tecnología para prevenir delitos.

● El cruce ocurre en un contexto de alta presión tributaria a nivel subnacional y de creciente conflictividad entre empresas tecnológicas y gobiernos provinciales. El propio Olivares definió el comunicado de la compañía como “una represalia” frente a decisiones soberanas de política fiscal, y sostuvo que “facilita indirectamente operaciones ilegales” al no regular el uso de sus herramientas en territorios vulnerables.

● La polémica pone en evidencia las tensiones del federalismo fiscal, la opacidad en los criterios impositivos y los nuevos frentes que abren las grandes plataformas digitales. El caso también revela los desafíos de trazabilidad en entornos fintech y el delicado equilibrio entre regulación, transparencia y crecimiento productivo.

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