El Ministerio de Justicia anunció que la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal (previsto para el 11 de agosto) se aplaza 90 días por “reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal” ante falta de recursos y preparación en Comodoro Py.

● Los fiscales federales denuncian que no cuentan con jueces suficientes, infraestructura tecnológica ni personal capacitado para investigar causas complejas como las de corrupción o narcotráfico, lo que expone demoras e inseguridad jurídica.

● Mientras tanto, la comunidad queda sin los beneficios del sistema acusatorio: no hay audiencias orales públicas, los procesos siguen por escrito y los fiscales no ejercen plenamente sus funciones investigativas como exige el nuevo modelo.

● Esta decisión técnica prolonga un esquema judicial donde las investigaciones se dilatan, las causas sensibles permanecen estancadas y la comunidad continúa sin acceso a procesos ágiles, transparentes y orales. La postergación refuerza una estructura procesal que prioriza lo escrito y cerrado, alejando a la Justicia del ciudadano común.

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