Tras un largo tira y afloje en el mundo político, el Gobierno decidió modificar la forma en que se ajustan las jubilaciones a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), evitando la discusión con Diputados y Senadores. En la Casa Rosada afirman que ya no había más margen para negociar, mientras que legisladores de la oposición denuncian que se hace por Decreto para otorgar menos.
A partir de abril, el aumento de las jubilaciones se calculará sumando el índice de precios al consumidor (IPC) más un extra que oscilará entre el 12 y el 14 por ciento. Esto representa un cambio significativo respecto a la propuesta original del ministro de Economía, que era menor, pero aun así queda por debajo de lo que quería la oposición.
El tiempo jugaba en contra: si no se tomaba una decisión pronto, el ajuste se retrasaría hasta junio, lo cual sería muy complicado para los jubilados. Por otra parte, si la discusión llegaba al Congreso, el gobierno iba a quedar en evidencia al mezquinar fondos. Por eso, el Gobierno decidió actuar antes de que fuera demasiado tarde.
Esta medida implica dejar de lado las discusiones con otros partidos políticos y optar por una vía más rápida y directa. Sin embargo, esto también significa que se descartan los pedidos de algunos aliados del Gobierno, que querían discutir este tema en otro contexto.
Aunque esta solución no era la preferida por el Ejecutivo, que prefería evitar los decretos, se consideró la opción más viable dadas las circunstancias. Ahora resta ver cómo reaccionará el Congreso y si este cambio enfrentará problemas legales en el futuro.
Una de las situaciones políticas que se espera que suceda a mediados de abril, es que Diputados, en represalia rechacen el mega DNU 70/2023 mostrando su descontento al presidente por evitar al Congreso.
