Unas 25.000 personas se movilizaron en Valencia para exigir la renuncia del presidente regional, Carlos Mazón, a quien responsabilizan por la falta de prevención y la tardía respuesta ante las inundaciones del 29 de octubre. La catástrofe dejó 235 muertos en el sureste de España, de los cuales 227 eran valencianos.
La protesta reflejó el creciente malestar social, ya que cinco meses después de la tragedia, Mazón se negó a dimitir. Los manifestantes denunciaron que el gobierno regional no advirtió a tiempo sobre el peligro de las lluvias torrenciales, a pesar de que la Agencia Meteorológica Nacional había emitido una alerta esa mañana. Además, cuestionaron que los equipos de rescate tardaron en actuar, cuando muchas víctimas ya habían sido arrastradas por el agua o fallecido en sus hogares.
La presión popular sigue en aumento, mientras la justicia investiga las posibles responsabilidades en la gestión de la crisis.
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