● Tras el rechazo de la Cámara de Diputados al veto presidencial, Javier Milei anunció que judicializará la Ley de Emergencia en Discapacidad y no permitirá su aplicación administrativa. La norma había sido restituida ayer con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, y garantiza prestaciones hasta 2027.
● El presidente endureció su posición y dejó en claro que no acatará lo resuelto por el Congreso. La decisión abre un conflicto directo entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, con impacto inmediato en miles de familias que dependen de pensiones, terapias y tratamientos.
● “Estamos analizando todas las prestaciones, pero iniciaremos acciones judiciales para proteger el presupuesto”, declaró el vocero presidencial Manuel Adorni. Organizaciones de discapacidad advirtieron que cada día sin aplicación de la ley significa pérdida de derechos fundamentales para niños y adultos.
● Ahora será el turno del Senado y de la Justicia. Mientras tanto, familias con hijos diagnosticados con TGD y otras condiciones esperan que se liberen los fondos prometidos. El enfrentamiento expone la tensión más dura entre Milei y el Congreso: derechos sociales contra la política de ajuste fiscal.
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