● Una empresa podría desarrollar su actividad ordinaria sin trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos destinados a esa operación. Esa posibilidad aparece en el proyecto del Gobierno de Javier Milei para reemplazar la Ley General de Sociedades, que incorpora las denominadas Sociedades Automatizadas y habilita el uso de sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial.

● La iniciativa ingresó al Senado el 1 de junio como expediente 0193-PE-2026 y plantea una reforma integral del régimen societario argentino. Además de permitir inteligencia artificial en la gestión, incorpora la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), cuya organización y funcionamiento pueden apoyarse en protocolos tecnológicos y cuyas participaciones pueden representarse mediante tokens o fichas criptográficas.

● El punto que abrió una fuerte discusión es qué ocurre cuando una sociedad automatizada toma decisiones y provoca daños. Pablo Serdán, abogado especializado en inteligencia artificial y poder corporativo consultado por EFE, advirtió que podría resultar complejo demostrar culpa o dolo de una persona cuando la decisión concreta fue ejecutada por un algoritmo que carece de voluntad humana.

● A esa dificultad se suma la llamada “caja negra” de determinados sistemas algorítmicos: reconstruir por completo cómo llegaron a una decisión puede resultar técnicamente complejo. Oscar Soria, cofundador de The Common Initiative, calificó la iniciativa como un posible “laboratorio de impunidad artificial”, una definición crítica del especialista y no una consecuencia jurídica establecida por el proyecto.

● La propuesta contempla sociedades con responsabilidad limitada, por lo que no equivale a establecer que nadie responderá ante un daño. El debate se concentra en cómo identificar y probar la responsabilidad humana cuando intervienen sistemas autónomos. Especialistas también señalaron que el proyecto oficial no incorporó todos los mecanismos de control previstos en propuestas académicas que inspiraron parte de la discusión.

● El Gobierno defiende la reforma como una actualización del derecho societario frente a nuevas formas de organización empresarial y tecnológica. El proyecto también crea un Registro Nacional de Sociedades digital, admite activos digitales como aportes y amplía herramientas de gestión. La iniciativa todavía debe atravesar el Congreso y sus disposiciones no están actualmente vigentes.

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