El presidente Javier Milei sorprendió al país con un polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), compuesto por 82 páginas y 366 artículos, buscando derogar más de 300 leyes. La medida es tildada de inconstitucional, atentando contra el principio de división de poderes. Expertos y opositores demandan respeto a la Constitución y diálogo para soluciones consensuadas.
El presidente Javier Milei sorprendió al país con un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que pretende derogar más de 300 leyes que regulan aspectos esenciales de la vida económica, social y cultural de la Argentina. Se trata de una medida inconstitucional, arbitraria y peligrosa, que viola el principio de división de poderes, el sistema republicano y la forma representativa de gobierno, consagrados en el artículo 1 de la Constitución Nacional.
Una invasión de las facultades legislativas
El DNU de Milei, que tiene 82 páginas y 366 artículos, afecta leyes de diversas materias, como el régimen de sociedades del Estado, el empleo público, la comunicación audiovisual, las obras sociales, los contratos de alquiler, la protección del medio ambiente, la educación, la salud, la cultura, el deporte, entre otras. Estas leyes fueron sancionadas por el Congreso de la Nación, que es el único órgano que puede dictar leyes de carácter general y permanente, según el artículo 75 de la Constitución.
El DNU de Milei implica una invasión de las facultades legislativas del Congreso, que es el representante de la voluntad popular y el depositario de la soberanía nacional. El presidente no puede arrogarse el poder de legislar por decreto, salvo en casos de necesidad y urgencia, que deben ser excepcionales y justificados. El DNU de Milei no cumple con estos requisitos, ya que no hay ninguna situación de emergencia que justifique la derogación masiva de leyes que regulan aspectos fundamentales de la vida del país.
Un desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Suprema
El DNU de Milei también desconoce la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que ha establecido los límites y requisitos que deben cumplir los decretos de necesidad y urgencia. Según la Corte, los DNU deben ser razonables, proporcionales y adecuados al fin que persiguen, y no pueden alterar el orden constitucional ni los derechos y garantías de los ciudadanos.
El DNU de Milei, en cambio, tiene un alcance desproporcionado y arbitrario, que afecta gravemente el interés público, la soberanía nacional, el patrimonio estatal, los derechos de los trabajadores, la protección del medio ambiente, la educación, la salud, la cultura, el deporte, y otros bienes y valores constitucionales. El DNU de Milei pretende imponer un modelo de desregulación económica, que favorece a los sectores más concentrados y perjudica a los menos fuertes.
Se trata de un acto de abuso de poder, que viola el principio de división de poderes, el sistema republicano y la forma representativa de gobierno, consagrados en el artículo 1 de la Constitución. Los que lo aprueben o lo avalen serán responsables de traicionar la voluntad popular y la Constitución que juraron defender.
Frente a este atropello, debemos defender la democracia y el Estado de derecho de todos los argentinos. No podemos permitir que se imponga un modelo de desregulación económica que beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría. No podemos aceptar que se derogue por decreto lo que se construyó por ley. No podemos resignar nuestra soberanía legislativa ante la voluntad de un presidente que se cree por encima de la Constitución.
El presidente debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a extraordinarias para darle tratamiento urgente. Así las reformas positivas, que tendrán consenso, podrán sancionarse y las que no lo sean, evitarse. Toda otra alternativa, ya sea no hacer ninguna reforma o hacer las que no deberíamos, es mala para el presente y el futuro de los argentinos.
El presidente Milei debe respetar la Constitución, el Congreso y la Justicia, y dialogar con los distintos sectores políticos, sociales y económicos, para buscar soluciones consensuadas y sustentables a los problemas del país.
