● El eje del debate quedó expuesto en audiencias públicas: abogados de empresas mineras defendieron cambios a la Ley de Glaciares mientras organizaciones ambientalistas advirtieron que acudirán a la Justicia si avanza la modificación, en un escenario donde el Gobierno ya busca respaldo político de gobernadores para impulsar la reforma tras Semana Santa.

● Durante la segunda jornada de exposiciones, representantes legales del sector minero sostuvieron que la normativa actual limita proyectos productivos y plantearon que podrían habilitarse actividades en ciertas áreas con controles ambientales, en especial en provincias cordilleranas donde la minería tiene peso económico.

● Del otro lado, referentes ambientalistas cuestionaron cualquier flexibilización de la ley vigente y señalaron que modificar los criterios de protección implicaría reducir resguardos sobre reservas estratégicas de agua, uno de los puntos centrales del esquema actual aprobado en 2010.

● El punto técnico en discusión gira en torno a qué zonas quedan protegidas, especialmente la delimitación de áreas periglaciares, donde hoy existen restricciones para actividades extractivas y donde el eventual cambio normativo podría habilitar nuevas condiciones de explotación.

● En paralelo, el Gobierno nacional apunta a construir respaldo de gobernadores de provincias mineras para avanzar con la iniciativa en el plano legislativo, una estrategia que busca darle volumen político a la reforma antes de su presentación formal.

● Con posiciones ya enfrentadas, el escenario inmediato anticipa un doble frente: debate político para modificar la ley y eventual judicialización si el cambio avanza, en un conflicto que combina intereses económicos, protección ambiental y disputa institucional sobre recursos clave.

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