● Casi un sueldo y medio: ese es el peso que alcanzó la deuda de consumo de las familias argentinas respecto de sus ingresos. EcoGo estima un stock equivalente a 1,4 ingresos mensuales promedio del sector privado, alrededor de $2,5 millones por hogar, una cifra que incluye créditos bancarios y financiamiento de billeteras, fintech y otros prestamistas, pero excluye hipotecarios y prendarios.
● El nivel bajó levemente frente a agosto de 2025, cuando equivalía a 1,5 ingresos, pero la dificultad para cumplir con los pagos sigue dejando señales fuertes. Hasta agosto, unas 392.000 personas habían refinanciado saldos impagos por casi $3 billones, mientras las tasas promedio de colocación comenzaron a descender lentamente en los últimos meses.
● El problema se concentra con mayor fuerza entre los jóvenes. Según el relevamiento, el 43,6% de los deudores menores de 25 años presenta irregularidades; entre quienes tienen de 25 a 34 años la proporción llega al 38,9%, y entre los de 35 a 44 años se ubica en 34,3%. La morosidad disminuye a medida que aumenta la edad.
● Fuera de los bancos, el deterioro también resulta marcado: la morosidad ronda el 30% y en agosto casi el 15% de la cartera de billeteras, fintech, cadenas comerciales, cooperativas y otros prestamistas estaba considerada irrecuperable, con atrasos superiores a un año. Un año antes, esa proporción era del 4,6%, lo que muestra cuánto se deterioró ese segmento.
● El dato adquiere especial relevancia provincial. Un relevamiento previo de EcoGo y la Universidad Austral ubicó a La Rioja con un 36,5% de deudores con al menos un saldo irregular, el porcentaje más alto entre las jurisdicciones relevadas. El promedio nacional era del 26,6%, por lo que el problema de los atrasos tiene una incidencia particularmente elevada en la provincia.
● Desde el Banco Central sostienen que el deterioro habría comenzado a encontrar un límite. Su vicepresidente, Vladimir Werning, afirmó que la morosidad está llegando o ya llegó a su pico y espera una reducción de los atrasos durante los próximos meses. El organismo descarta un rescate estatal y plantea que las dificultades deberán resolverse mediante acuerdos y refinanciaciones entre acreedores y deudores.
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