● Un ciberataque capaz de afectar bancos, internet, electricidad o agua es uno de los escenarios que analizan directivos de grandes empresas de inteligencia artificial. Según una investigación publicada este viernes por Axios en Estados Unidos, referentes de OpenAI, Anthropic y otras compañías preparan respuestas ante una posible crisis de gran escala y sus consecuencias políticas.

● El trabajo incluye ejercicios de simulación de situaciones extremas y estrategias para explicar rápidamente al Congreso estadounidense qué ocurrió y qué medidas podrían adoptarse. El objetivo no es solamente anticipar fallas tecnológicas: las compañías también buscan participar en el debate sobre las leyes que podrían surgir después de un incidente grave.

● Fuentes de la industria consultadas por Axios consideran posible que un episodio de gran magnitud ocurra dentro de seis a doce meses. Esa estimación expresa una preocupación del sector, no una fecha confirmada ni una certeza científica. Entre los riesgos analizados aparecen tanto el uso malicioso de modelos avanzados como comportamientos inesperados durante pruebas.

● La reacción del Congreso es otra preocupación central. El informe señala que sectores demócratas podrían impulsar restricciones más severas, incluidas propuestas para frenar el desarrollo de sistemas especialmente avanzados. También existen iniciativas con apoyo de legisladores de ambos partidos para disponer mecanismos de desconexión ante situaciones peligrosas, aunque su aplicación técnica genera controversias.

● El debate ocurre mientras las empresas refuerzan sus defensas. Anthropic presentó esta semana un programa destinado a proteger infraestructura crítica, incluidas redes eléctricas y servicios de agua, frente a amenazas informáticas. La iniciativa ofrece herramientas de detección de vulnerabilidades y asistencia técnica, en un contexto de creciente preocupación por el uso de inteligencia artificial en ciberataques.

● Por ahora no se informó de una catástrofe como la que describen estos escenarios ni de una nueva ley aprobada como consecuencia de ella. Lo concreto es que empresas que desarrollan sistemas de inteligencia artificial ya evalúan cómo responderían ante una emergencia y qué papel tendrían en la discusión sobre controles públicos posteriores.

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