El Gobierno de Santa Fe notificó a una familia sobre el cobro de los gastos generados por un operativo de seguridad tras una amenaza escolar. La medida busca responsabilizar a quienes originen intervenciones que impliquen movilización de recursos públicos.
Un caso vinculado a amenazas escolares derivó en una notificación oficial a una familia en Santa Fe, donde se le informó que deberá afrontar un costo superior a los 6 millones de pesos por el operativo de seguridad desplegado. La medida se enmarca en acciones del Gobierno provincial para sancionar este tipo de hechos.
Según lo informado, la amenaza generó la activación de un procedimiento policial que implicó la movilización de recursos humanos y logísticos. Estas intervenciones incluyen protocolos de seguridad que se aplican ante situaciones que pueden poner en riesgo a la comunidad educativa.
Desde el Gobierno provincial señalaron que el objetivo de la medida es generar responsabilidad sobre las consecuencias de este tipo de acciones, que demandan una importante utilización de recursos públicos. En ese sentido, se busca desalentar amenazas que obligan a activar operativos preventivos.
El caso se inscribe en un contexto de reiteración de episodios similares, lo que motivó la implementación de mecanismos para recuperar los costos derivados de las intervenciones. Las autoridades indicaron que continuarán aplicando este criterio en situaciones donde se compruebe la responsabilidad en la generación de alertas falsas.
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