La provincia presentó un amparo por una mujer cuya pensión fue suspendida de forma arbitraria, tras 600 casos similares en agosto; ya asiste legalmente a afectados y prepara una demanda colectiva.
La Rioja presentó ante la Justicia Federal un amparo individual por una mujer cuya pensión por discapacidad fue interrumpida sin notificación ni resolución formal, lo que calificaron como una decisión “arbitraria e ilegítima”. Durante agosto, al menos 600 pensiones quedaron suspendidas en la provincia, afectando a miles de personas que dependen de ese ingreso y de la cobertura de salud que conlleva.
El gobernador Ricardo Quintela ordenó asistencia legal gratuita a los beneficiarios afectados, y se coordina con intendencias locales para que la población pueda acceder a este apoyo y reclamar sus derechos vulnerados. Además, se avanza en la presentación de un amparo colectivo que reúna los casos similares y amplíe la demanda judicial.
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