Una mujer con discapacidad fue el caso emblemático que motivó la presentación de un amparo individual con medida cautelar ante la Justicia Federal, con el objetivo de restituir inmediatamente su pensión y la cobertura de obra social.
El reclamo fue impulsado por un equipo legal provincial —asesores del Gobierno riojano— que denunció la falta de notificación previa a los beneficiarios y calificó el accionar de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como irregular.
Pedro Goyochea, asesor general del Gobierno provincial, destacó que los afectados recién advirtieron la suspensión cuando encontraron sus cuentas bancarias en cero, describiendo el procedimiento como “un esquema corrupto vinculado a la Secretaría General de la Presidencia”, a cargo de Karina Milei. La presentación judicial aspira a que el juez federal ordene la restitución de los haberes suspendidos, así como la cobertura asociada.
La provincia, además, articula con intendentes locales puntos de asistencia para las familias afectadas, para facilitar el acceso a asesoramiento jurídico y garantizar que puedan reclamar sus derechos vulnerados.
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