El Gobierno riojano presentó un amparo con medida cautelar para exigir a la Agencia Nacional de Discapacidad el restablecimiento inmediato de los beneficios, tras denuncias por irregularidades en las bajas.
El Gobierno de La Rioja, a través de un equipo de abogados, presentó un amparo ante la Justicia Federal para frenar la suspensión de 235 pensiones por discapacidad. La medida incluyó una cautelar que solicitó la restitución inmediata de los haberes, afectados por la falta de notificación previa a los beneficiarios.
Pedro Goyochea, asesor del Gobierno provincial, denunció que los beneficiarios recién se enteraron de las bajas cuando encontraron sus cuentas en cero en el banco, lo que calificó como un accionar irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Según señaló, las decisiones respondieron a un esquema “corrupto” vinculado a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.
El Gobierno provincial confió en que el juez federal avance en el corto plazo con una resolución favorable, que permita devolver las pensiones y restablecer la cobertura de obra social para los afectados.
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