● Pelo corto para los varones, nada de maquillaje ni uñas pintadas y posibilidad de expulsión por faltas muy graves: la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, presentó el 12 de octubre una reforma de disciplina escolar. El proyecto apunta a las escuelas públicas y todavía debe atravesar una instancia de consulta antes de aprobarse.

● El cambio tiene antecedentes concretos. En 2007, el Ministerio de Educación peruano ya dictaba normas para fortalecer la disciplina y la convivencia. Pero en 2018 aprobó lineamientos que ordenaron reemplazar, dentro de los reglamentos escolares, el capítulo de disciplina por uno de convivencia, elaborado con participación de docentes, familias y estudiantes y basado en medidas correctivas.

● Aquella reforma de 2018 buscaba prevenir la violencia y promover el respeto de los derechos de niños y adolescentes. No significó que todos los colegios dejaran de exigir uniforme, cortes de cabello o pautas de presentación personal. Por eso, no hay una fecha comprobada en la que esas prohibiciones hayan desaparecido de todo el sistema educativo peruano.

● La nueva propuesta recupera un esquema de faltas y sanciones graduales, incluida la separación definitiva en los casos más graves, con alternativas para continuar estudiando. El ministro de Educación, José Antonio Chang, también anticipó restricciones al cabello teñido o excesivamente largo, al maquillaje, a las uñas pintadas y al largo de las faldas en las escuelas públicas.

● Los celulares tienen una situación diferente: Perú ya había anunciado el 3 de octubre la reglamentación de una ley específica que restringe su utilización en establecimientos públicos y privados. Por lo tanto, no corresponde presentar todas las limitaciones a dispositivos electrónicos como si nacieran exclusivamente del proyecto disciplinario anunciado nueve días después.

● Fujimori presentó los lineamientos en el colegio Felipe Santiago Estenos, de Chaclacayo, junto a Chang, y defendió una respuesta firme frente a agresiones y acoso escolar. El debate ocurre después de una denuncia de violencia sexual contra un adolescente en un transporte escolar y en medio de miles de reportes de violencia entre estudiantes registrados durante 2026.

● El contraste central está en el enfoque: la normativa de 2018 priorizó la construcción participativa de reglas de convivencia, mientras la propuesta de 2026 incorpora sanciones más severas y pautas nacionales de apariencia. El proyecto fue publicado para recibir observaciones durante 15 días calendario; hasta su aprobación definitiva, esas nuevas disposiciones no deben considerarse obligatorias.

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