● La ley de emergencia en discapacidad ya tiene la firma del Gobierno nacional, pero quedó en pausa. El Congreso la había votado tras el veto presidencial, y ahora el Ejecutivo admite que no piensa aplicarla porque no hay fondos asignados. La prioridad ahora está en la Agencia de Inteligencia (SIDE) para espiar opositores, y las elecciones de octubre.

● Según la Jefatura de Gabinete, ejecutar la norma sin respaldo real implicaría recortar partidas de otras áreas. Por eso la promulgaron pero evitaron reglamentarla, lo que en los hechos la vuelve letra muerta. El Ejecutivo busca la manera de judicializarla.

● “El Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos. ¿A quién le sacamos, a los jubilados?”, ironizó Guillermo Francos, blanqueando la decisión de frenar la ayuda. Aunque evitó hablar de sobreprecios en PAMI, y de las coimas en discapacidad.

● Mientras tanto, miles de familias con discapacidad siguen esperando una asistencia que el Congreso obligó a garantizar, el Gobierno nacional reconoce como vigente, pero ya anticipó, que no se pondrá en marcha.

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