● Cinco días. Ese es el plazo que el juez federal Martín Cormick fijó al Estado nacional para cumplir totalmente una medida cautelar firme vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La orden alcanza específicamente a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que regulan la recomposición de salarios docentes y nodocentes y la actualización de las becas estudiantiles.

● Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, sostuvo en su resolución que “no existe cumplimiento total” de la cautelar y estableció un plazo perentorio de cinco días. El magistrado dejó además expresamente advertido que, si continúa la demora, podrá aplicar astreintes: sanciones económicas por cada día de incumplimiento de la orden judicial.

● El artículo 5 establece que los salarios de docentes y nodocentes de universidades públicas deben actualizarse desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley en un porcentaje no inferior a la inflación del mismo período. También dispone negociaciones paritarias con una periodicidad máxima de tres meses y una actualización mensual que no quede por debajo del IPC informado por el INDEC.

● El artículo 6 ordena recomponer los programas de becas estudiantiles de acuerdo con la variación acumulada del IPC desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma. La disposición comprende programas como Progresar, las Becas Estratégicas Manuel Belgrano y Enfermería, además de establecer un incremento progresivo de beneficiarios de acuerdo con la matrícula de las instituciones públicas.

● La nueva intimación no abrió el conflicto judicial: profundizó una causa que ya tenía una cautelar dictada por Cormick en diciembre de 2025. Esa medida fue confirmada posteriormente por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y quedó firme. Ahora el magistrado consideró que la documentación presentada por el Estado no demuestra un cumplimiento total de las obligaciones alcanzadas.

● El Gobierno rechaza esa conclusión y sostiene que ya cumplió. En su presentación afirmó que los aumentos salariales otorgados desde diciembre de 2023 acumulan 226,8%, frente a una variación del IPC del 226,46% tomada como referencia, y aportó información sobre becas. Con ese argumento presentó un recurso de revocatoria ante Cormick y dejó planteada una apelación subsidiaria.

● El Ejecutivo también pidió que se elimine la posibilidad de aplicar multas y solicitó que una eventual apelación ante la Cámara tenga efecto suspensivo. El conflicto queda así abierto en dos planos: mientras continúa vigente la intimación dictada por Cormick, el propio juez deberá resolver el planteo del Gobierno y, si mantiene su decisión, el expediente podrá volver a la Cámara.

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