● La sospecha que encendió alarmas en medio del plan de privatizaciones de Javier Milei es concreta: una denuncia sostiene que podría haberse armado un mecanismo para valuar empresas estatales por debajo de su precio real, lo que permitiría vender activos estratégicos a valores menores y reducir lo que recibiría el Estado por esas operaciones.

● El eje de la controversia está en el sistema de tasación. Según la denuncia, el tradicional Tribunal de Tasaciones de la Nación habría perdido protagonismo en favor de una nueva unidad de valuación montada dentro del BICE, organismo que depende del Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo.

● El punto más sensible no es solo quién tasa, sino cómo se calcula el valor. La sospecha apunta a valuaciones reservadas o con menor nivel de control público sobre empresas clave de energía, transporte y servicios, sectores que concentran algunos de los activos más estratégicos del país.

● Entre las firmas y activos mencionados aparecen Nucleoeléctrica Argentina, Intercargo, Transener, AySA, Belgrano Cargas y centrales hidroeléctricas del Comahue. Se trata de compañías vinculadas a electricidad, agua, logística y operación aeroportuaria, áreas de fuerte impacto económico y operativo.

● La preocupación central es patrimonial: si una empresa vale más de lo que figura en la tasación oficial, una eventual venta podría cerrarse por debajo de su valor real. En términos prácticos, eso implicaría que el Estado entregue patrimonio estratégico recibiendo menos recursos de los que corresponderían.

● En paralelo, la Justicia ya pidió informes al Ministerio de Economía y al BICE para conocer quién ordenó estas valuaciones, bajo qué metodología se realizaron y qué criterios técnicos se aplicaron. Por ahora no hay resolución judicial ni prueba concluyente de irregularidades, pero la investigación ya quedó formalmente abierta.

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