● La denuncia de La Rioja dio un paso concreto: el juez federal Ariel Lijo aceptó a la Provincia como querellante y ordenó reunir documentación sobre el destino de los fondos del Sistema Vial Integrado. La investigación también bajó al territorio riojano, con pedidos específicos sobre obras y trabajos paralizados en las rutas nacionales 73, 75 y 76.

● El Ministerio de Economía deberá entregar expedientes, actos administrativos e información sobre las instrucciones impartidas al Banco Nación para administrar el SisVial desde enero de 2024. Lijo pidió además el detalle de las colocaciones financieras realizadas con esos recursos y un desglose que permita conocer cuánto dinero se aplicó en cada provincia y en cada obra.

● La causa tomó fuerza por los números denunciados sobre el fondo vial. Según la presentación incorporada al expediente, entre 2024 y mayo de 2026 el SisVial recaudó alrededor de $1,5 billones y destinó $394.406 millones a su finalidad específica. También se denunció que más de $1 billón permanecía colocado en plazos fijos y títulos públicos, dato que ahora deberá ser verificado judicialmente.

● Para La Rioja, uno de los puntos más sensibles es la Ruta Nacional 76. Vialidad Nacional deberá explicar por qué no se renovó el convenio operativo firmado con la Administración Provincial de Vialidad, informar las deudas por tareas de mantenimiento realizadas por la Provincia y detallar el estado de sectores donde quedaron bases imprimadas sin la carpeta asfáltica definitiva.

● El juez también pidió un informe completo sobre las obras de las rutas 73, 75 y 76 desde el 10 de diciembre de 2023. La Dirección Nacional de Vialidad deberá identificar contratos, empresas contratistas, avance físico y financiero y los actos administrativos que dispusieron neutralizaciones o paralizaciones. El corredor de la RN 76 hacia Pircas Negras forma parte del reclamo presentado por La Rioja.

● La investigación también alcanza a la Jefatura de Gabinete, la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación, que deberán informar antecedentes y controles sobre el fideicomiso. La aceptación como querellante permite a La Rioja participar activamente, aportar prueba y solicitar nuevas medidas, pero todavía no existe una resolución que determine que hubo un delito o un desvío probado.

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