● Pozos, deformaciones y sectores deteriorados de tres corredores nacionales del sur de Santa Fe terminaron llevando el problema vial a los tribunales. El Juzgado Federal de Venado Tuerto hizo lugar a una medida cautelar que obligó a la Dirección Nacional de Vialidad a intervenir sobre tramos de las rutas nacionales 7, 8 y 33 dentro del departamento General López.

● La presentación fue impulsada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio mediante una acción de amparo iniciada el 11 de marzo de 2025. El juez federal Aurelio Cuello Murúa dispuso que Vialidad Nacional ejecutara tareas urgentes de bacheo, señalización y organización de desvíos en los sectores alcanzados, con un plazo que no podía superar los 10 días.

● La cautelar identificó sectores concretos: sobre la Ruta Nacional 8 comprendió el tramo entre las rutas provinciales 94 y 4S, desde la zona de Venado Tuerto hacia Santa Isabel, aproximadamente entre los kilómetros 370 y 346. También alcanzó la Ruta Nacional 33 entre Sancti Spiritu y Firmat y el recorrido de la Ruta Nacional 7 dentro de General López.

● La medida judicial tuvo inicialmente una vigencia de 90 días y contempló la posibilidad de prorrogarla para garantizar las intervenciones. El planteo puso el foco en corredores que atraviesan un departamento con más de 205.000 habitantes y que funcionan como vías de conexión para localidades, transporte particular, actividad productiva y circulación de cargas en el extremo sur santafesino.

● Tras la orden judicial, Vialidad Nacional informó el inicio de trabajos sobre las trazas alcanzadas. Entre las primeras acciones comunicadas aparecieron tareas de bacheo y gestiones para disponer de materiales, mientras el expediente mantuvo bajo control judicial el cumplimiento de las medidas exigidas para reducir los riesgos generados por los sectores deteriorados.

● El conflicto vial continuó después de aquella cautelar. Durante 2025 y 2026 hubo otros reclamos judiciales y políticos por el estado de las rutas nacionales en Santa Fe, mientras Nación avanzó con esquemas de concesión de corredores y la Provincia reclamó asumir determinadas trazas. Por eso, la orden sobre las rutas 7, 8 y 33 debe leerse como parte de un conflicto más amplio por el mantenimiento de la red nacional.

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