● La Cámara Federal en lo Penal Económico declaró nulo un decreto que permitía al Gobierno administrar bienes secuestrados en causas penales. El fallo frenó una medida que había generado fuerte polémica institucional.

● Los jueces señalaron que la norma fue dictada sin una situación excepcional que la justificara y con el Congreso en pleno funcionamiento. Por eso, concluyeron que no correspondía usar una herramienta pensada solo para casos extremos.

● El tribunal también recordó que ya existían reglas claras fijadas por la Corte Suprema sobre cómo deben gestionarse esos bienes, lo que descartaba cualquier vacío legal que habilitara la intervención del Ejecutivo.

● La decisión refuerza los límites entre poderes y deja en claro que las urgencias no pueden inventarse. Para la sociedad, el mensaje es directo: las reglas institucionales siguen siendo una barrera frente a posibles abusos.

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