● El Senado de la Nación convirtió en ley por unanimidad la declaración de emergencia para el sector de la discapacidad, con 55 votos a favor y ningún rechazo. Sin embargo, se registraron 17 ausencias, en su mayoría pertenecientes al PRO, La Libertad Avanza y otros bloques aliados al oficialismo. La sesión coincidió con una movilización en las puertas del Congreso para exigir la sanción de la norma.

● La ley tendrá vigencia hasta diciembre de 2027 e incluye partidas presupuestarias para saldar deudas con prestadores de servicios como enfermeros, acompañantes terapéuticos y transportistas. “Hace seis meses que no cobran”, advirtió el senador puntano Fernando Salino. También se plantea mejorar el proceso de auditorías y acelerar la aprobación de pensiones: de las 500.000 solicitudes presentadas en los últimos 14 meses, apenas 586 fueron otorgadas.

● La normativa exige la actualización de los montos actuales —$213.286,50 en junio de 2025— y establece aumentos para empleados con discapacidad en talleres asistidos, quienes cobran apenas $28.000 mensuales desde febrero de 2023. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la ley sería de entre 0,22% y 0,42% del PBI.

● El senador Pablo Blanco (UCR) remarcó que “el Estado debe atender, porque la mayoría de las familias no tienen los ingresos suficientes para la educación y la salud de sus hijos”. El debate se inscribe en una creciente tensión institucional entre el Congreso y el Ejecutivo, que observa con preocupación el efecto fiscal de las leyes sancionadas en materia previsional y social.

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