● Prótesis, implantes cocleares y sillas de ruedas motorizadas destinados a personas con discapacidad quedaron en el centro de una nueva etapa de la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento del exdirector Diego Spagnuolo por supuestas irregularidades en compras de insumos médicos de alto costo.

● La investigación encabezada por el fiscal federal Franco Picardi examina contrataciones realizadas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. La hipótesis es que determinados proveedores habrían sido favorecidos mediante compras direccionadas y precios superiores a los correspondientes, a cambio de pagos indebidos o dádivas. Las operaciones estaban vinculadas a insumos para pacientes con discapacidad o enfermedades graves sin cobertura médica específica.

● Una de las pruebas mencionadas son seis cuadernos incautados en el domicilio de Miguel Ángel Calvete. Según la interpretación de los investigadores, sus anotaciones registrarían movimientos comerciales y retornos equivalentes al 20% de ciertas operaciones. Ese porcentaje no debe trasladarse automáticamente a todas las contrataciones ni presentarse como un soborno ya demostrado mediante sentencia.

● El nuevo tramo de la causa abarca a más de veinte empresarios y alrededor de treinta firmas, de acuerdo con la información difundida sobre el expediente. Los reportes periodísticos mencionan contrataciones investigadas por más de $75.000 millones, cifra que representa el volumen de compras bajo análisis y no el monto de coimas acreditadas. También se investigan posibles diferencias de precios millonarias.

● La resolución se suma a una etapa anterior vinculada con 21 compras de medicamentos por más de $30.000 millones. Aquella investigación ya había derivado en procesamientos contra Spagnuolo y otros imputados. Ahora, el expediente incorpora otra modalidad de contratación y amplía el alcance de las acusaciones, sin que eso implique una declaración definitiva de culpabilidad.

● El fallo atribuido a Lijo comprende nuevos procesamientos y ampliaciones de decisiones previas contra personas vinculadas al organismo y al circuito de proveedores. Los imputados conservan la presunción de inocencia y pueden recurrir las medidas judiciales. La causa continúa abierta para determinar si existieron direccionamiento de compras, sobreprecios y pagos indebidos, y qué responsabilidad corresponde individualmente a cada investigado.

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