En sesión extraordinaria, la Legislatura provincial tratará este miércoles, un proyecto de ley que busca crear un instrumento financiero provincial para hacer frente a la deuda que el gobierno nacional mantiene con la provincia de La Rioja desde el año 2023. Según los fundamentos de la iniciativa, el Estado nacional adeuda a la provincia $9.300 millones correspondientes a una asignación especial establecida por la Ley de Presupuesto Nacional N° 27.701, que nunca se efectivizó.
El proyecto de ley, presentado por el gobernador Ricardo Quintela, explica que el gobierno nacional recondujo el presupuesto nacional para el año 2024, lo que implica que la provincia de La Rioja recibirá los mismos recursos que el año anterior, pero con una inflación proyectada al 300% anual. Esto afecta el cumplimiento de las obligaciones salariales y el desarrollo de las políticas públicas provinciales.
El gobernador Quintela señala que la provincia intimó formalmente al Estado nacional al pago de la deuda, pero que no obtuvo respuesta favorable. Por el contrario, el presidente de la Nación y los funcionarios ministeriales se excusaron con la expresión “no hay plata” y mantuvieron el incumplimiento de la ley.
Ante esta situación, el proyecto de ley propone crear un instrumento financiero provincial que permita obtener recursos para afrontar las necesidades financieras de la provincia. El instrumento consistiría en la emisión de títulos de deuda pública provincial, con las características que determine el Poder Ejecutivo provincial, previa autorización de la Legislatura.
Se basa en la innovación tecnológica y la regulación económica del Estado. Según los fundamentos de la iniciativa, la provincia de La Rioja pretende usar las tecnologías disruptivas, como la blockchain, para mejorar las transacciones de los derechos de propiedad entre los agentes económicos, a través de la emisión de bonos provinciales digitales.
La blockchain es una tecnología que permite crear registros distribuidos, seguros, inmutables y transparentes de las operaciones realizadas entre distintos participantes de una red. Esta tecnología se usa para crear criptomonedas, como el bitcoin, pero también para otros fines, como la gestión de identidad, la trazabilidad de productos, los contratos inteligentes, la votación electrónica, entre otros.
El proyecto sostiene que el uso de la blockchain permitirá a la provincia de La Rioja emitir bonos provinciales digitales con mayor eficiencia, seguridad, transparencia y confianza, reduciendo los costos operativos, los intermediarios y los riesgos de fraude. Además, permitirá a los tenedores de los bonos provinciales digitales acceder a un mercado más amplio y dinámico, con mayor liquidez y flexibilidad.
La iniciativa de apoya en el marco regulatorio de la Constitución Nacional y la Ley de Convertibilidad N° 24.144 y sus modificaciones, que establecen las facultades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para regular el sistema monetario y financiero nacional. Según el proyecto de ley, el BCRA deberá autorizar la emisión de los bonos provinciales digitales y supervisar su funcionamiento.
El proyecto de ley también se basa en el Código Civil y Comercial de la Nación, que reconoce la existencia de los bienes registrables, los bienes incorporales y los bienes digitales, y que regula los derechos de propiedad y las obligaciones de los sujetos que intervienen en las relaciones jurídicas.
Busca dotar a la provincia de La Rioja de una herramienta que le permita cumplir con sus obligaciones y aprovechar las oportunidades que brinda la innovación tecnológica y la regulación económica del Estado. La emisión de bonos provinciales digitales es una propuesta novedosa y ambiciosa, que plantea desafíos y beneficios para la provincia y el país.
El proyecto será debatido este miércoles en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados provincial, donde se espera que cuente con el apoyo de la mayoría oficialista.
El gobernador Quintela invocó las banderas del federalismo y la figura de Ángel Vicente Peñaloza, el caudillo riojano asesinado por las fuerzas mitristas en 1863, para defender su decisión de crear un instrumento financiero provincial. Según Quintela, la emisión de bonos provinciales busca garantizar el sustento diario de la población, frente a la omisión injustificada del gobierno nacional en cuanto a sus compromisos legales. Quintela afirmó que la última batalla por el federalismo no se ha perdido, sino que la están librando para concretar definitivamente una patria libre, soberana, solidaria y con justicia social.
El proyecto de ley fue elevado a la Legislatura provincial por el Poder Ejecutivo, atendiendo a lo establecido en el artículo 106 de la Constitución Provincial.
Los fundamentos se inspiran en los antecedentes de bonos o cuasi-monedas que emitieron varias provincias durante la crisis económica y social del 2001, cuando el gobierno nacional decretó el default de la deuda externa y el corralito bancario. Según un informe del Banco Central de la República Argentina, entre 2001 y 2003 se emitieron 14 tipos de bonos provinciales, con distintos nombres y características, que circularon como medios de pago alternativos al peso.
Entre los bonos más conocidos se encuentran el Patacón de Buenos Aires, el Lecor de Córdoba, el Federal de Entre Ríos, el Cecacor de Corrientes, el Bocade de Tucumán, el Petrom de Mendoza, el Cemis de Misiones, el Bocanfor de Formosa, el Huarpes de San Juan, el Quebracho de Chaco, el Bono Ley 4748 de Catamarca, las Letras de Tierra del Fuego, el Petrobono de Chubut y el Petrobono de Río Negro.
Estos bonos provinciales tenían distintas formas de emisión, respaldo, plazo, tasa de interés, aceptación y redención. Algunos se emitieron por ley, otros por decreto o resolución. Algunos se respaldaron en regalías, coparticipación, impuestos o activos. Algunos tenían vencimiento a corto, mediano o largo plazo. Algunos pagaban intereses, otros no. Algunos se aceptaban para el pago de impuestos, servicios públicos, salarios o proveedores. Algunos se podían canjear por pesos, otros por títulos públicos o bienes.
El informe del BCRA señala que los bonos provinciales tuvieron un impacto negativo en la economía nacional, ya que generaron inflación, distorsiones, desconfianza, fragmentación y arbitraje. Además, provocaron una mayor deuda pública, una menor recaudación fiscal, una menor inversión y una menor actividad económica.
Según el mismo informe, el stock de bonos provinciales llegó a representar el 3,6% del PBI en 2002 y el 2,4% en 2003. El proceso de desmonetización de los bonos se inició en 2003 con el Plan de Unificación Monetaria impulsado por el gobierno nacional, que ofreció a las provincias un canje voluntario de sus bonos por títulos públicos nacionales. El plan logró reducir el stock de bonos al 0,4% del PBI en 2004 y al 0,1% en 2005.
La provincia de La Rioja espera que el gobierno nacional cumpla con el pago de los $9.300 millones que le adeuda, pero ante la falta de respuesta, busca crear su propio instrumento financiero provincial para hacer frente a la crisis nacional del país.
