En su reciente análisis, la politóloga Catalina Espeche aborda con agudeza los efectos del ajuste fiscal implementado por el gobierno de Javier Milei, resaltando las graves consecuencias que ha generado en la calidad de vida de los jubilados. La combinación de una inflación galopante, la devaluación del peso y una fórmula de movilidad ineficaz ha deteriorado el poder adquisitivo de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Espeche destaca el veto presidencial a una ley que buscaba mejorar los ingresos de los jubilados, vinculando sus haberes a la canasta básica de un adulto mayor y ajustándolos semestralmente. Milei, sin embargo, justificó su decisión en nombre del superávit fiscal.
En su artículo, Espeche argumenta que la seguridad social no debe considerarse como un simple gasto, sino como un derecho adquirido. A su vez, propone como alternativa la implementación de una Renta Básica Universal, destacando su capacidad para garantizar un ingreso digno y estable a los jubilados, especialmente en tiempos de recesión económica.
El documento:
El severo ajuste fiscal implementado por el gobierno de Javier Milei impactó duramente en los jubilados, quienes sufrieron una drástica reducción en su poder adquisitivo. Con una inflación elevada, la devaluación de la moneda y una fórmula de movilidad que no contemplaba estas variables, su capacidad para acceder a bienes y servicios esenciales se deterioró gravemente. La reducción en la cobertura de medicamentos del PAMI y el aumento de precios en productos básicos, como alimentos y servicios, dejaron a muchos jubilados en una situación crítica. El recorte en sus ingresos dificultó el acceso a necesidades fundamentales como medicinas, alimentación adecuada y otros servicios esenciales para mantener una calidad de vida digna.
El pasado 22 de agosto, con el objetivo de mejorar la situación socioeconómica de los jubilados, el Congreso sancionó una ley que elevaba el haber mínimo al nivel de la canasta básica de un adulto mayor, ajustaba las jubilaciones semestralmente según la inflación y los salarios, y proponía un pago extra para compensar la inflación no cubierta. Sin embargo, Milei vetó la ley por decreto, argumentando que afectaba el superávit fiscal, y mantuvo su política de ajuste.
La seguridad social de los jubilados no puede considerarse simplemente un gasto social, ya que constituye un derecho adquirido tras años de aportes y trabajo. Garantizarles una jubilación que les permita acceder a bienes y servicios básicos no es solo una cuestión de justicia social, sino también una responsabilidad del Estado para asegurar una vejez digna. Los jubilados no deben ser la variable de ajuste en las políticas económicas, ya que precarizar su subsistencia significa afectar a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, aquellos que han dedicado su vida laboral al desarrollo del país.
Mientras se aplican ajustes sobre las jubilaciones, el gobierno también ha implementado medidas de reducción o eliminación de impuestos, lo que genera una transferencia de recursos desde quienes menos tienen hacia los grandes capitales. Este contexto resalta una inequidad estructural: se prioriza la disminución de la carga fiscal para las grandes empresas y los sectores de alto poder adquisitivo, a expensas de quienes dependen de la seguridad social para sobrevivir. Precarizar las jubilaciones es una decisión política que prioriza la reducción del gasto público en sectores vulnerables, en lugar de aumentar la recaudación mediante políticas tributarias más progresivas que exijan un mayor aporte a quienes tienen más capacidad económica.
En este contexto es importante analizar la implementación de una Renta Básica Universal (RBU), recientemente incorporada como un derecho en la constitución de la provincia de La Rioja. Esta renta podría representar una alternativa crucial frente a las políticas de ajuste fiscal, como las aplicadas por el gobierno de Milei, que han afectado negativamente a los jubilados.
A diferencia de los ajustes que reducen el poder adquisitivo de los jubilados, la RBU proporcionaría un ingreso básico incondicional para todos los ciudadanos mayores en situación de vulnerabilidad. Este ingreso permitiría cubrir las necesidades esenciales de aquellos jubilados, brindándoles una red de seguridad financiera especialmente importante en contextos de recesión económica, como el actual.
La RBU ofrece una protección clave contra la pobreza, la precarización laboral y la inflación. Diseñada para mantener a los ciudadanos por encima de la línea de pobreza, aseguraría que los jubilados puedan mantener un nivel de vida digno, incluso cuando sus pensiones se devalúan por la inflación. Además, contribuiría a reducir el estrés financiero que enfrentan muchos jubilados, quienes actualmente dependen exclusivamente de ajustes gubernamentales, los cuales a menudo resultan insuficientes para cubrir sus necesidades. Esto mejoraría su bienestar general, al asegurarles acceso a bienes y servicios esenciales como alimentos, medicamentos y vivienda.
La RBU es una medida de justicia social, pues se considera un derecho incondicional y no una ayuda condicionada. Esto la convierte en una herramienta que refuerza la dignidad de todas las personas, incluyendo a los jubilados, quienes no deberían depender únicamente de sus aportes pasados para garantizar su subsistencia. Al desvincular el ingreso de la actividad laboral, la RBU garantiza que, sin importar su historial de contribuciones, los jubilados reciban un ingreso adecuado para vivir con dignidad.
Catalina Espeche
Politóloga
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