Una delegación de Amnistía Internacional arribaron a nuestra provincia “para realizar un diagnóstico respecto de la aplicación de la Ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar”.
Estuvieron presentes Patricia Sotile, integrante del área jurídica de ELA y Mariela Galeazzi, directora de litigio de Amnistía Internacional Argentina, para trabajar con la Coordinación de Salud Sexual, Género y Diversidad, el área legal del Ministerio de Salud de la provincia, y los servicios del Hospital de la Madre y el Niño, incluido Ginecología, Obstetricia, la Oficina de Salud y Acceso a la Justicia, y el Consultorio de Salud Sexual.
Según explicaron “el objetivo de la reunión fue poner en conocimiento de cómo está trabajando la provincia, los logros y avances en la aplicación de la ley y capacitación”.
Señalaron también que “trabajamos en una red integral de contención para seguir garantizando el acceso y a través de la Ley de los 1.000 días, trabajamos en simultáneo con Nación en diferentes estrategias para prevenir embarazos no deseados”.
