● La posibilidad de trasladar migrantes a centros ubicados fuera del territorio europeo quedó más cerca de convertirse en realidad tras el acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. La medida apunta a personas cuya solicitud de asilo fue rechazada o que permanecen de forma irregular dentro del bloque.

● El nuevo Reglamento de Retorno forma parte del Pacto Europeo de Migración y Asilo y busca aumentar la cantidad de expulsiones efectivas. Según las instituciones europeas, una parte importante de las órdenes de deportación nunca llega a ejecutarse, por lo que la reforma incorpora mecanismos para acelerar los procedimientos.

● Entre los cambios acordados figura la creación de los llamados “centros de retorno”, instalaciones que podrán establecerse en terceros países mediante acuerdos específicos. Allí podrían permanecer migrantes expulsados o personas a la espera de completar los trámites para regresar a sus países de origen.

● La normativa también prevé una mayor coordinación entre los Estados miembros para reconocer mutuamente órdenes de expulsión, endurece las obligaciones de colaboración de los migrantes sujetos a retorno y amplía herramientas administrativas para ejecutar las deportaciones.

● El acuerdo recibió respaldo de varios gobiernos europeos que reclaman controles migratorios más estrictos. Países como Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca y Grecia impulsaron durante los últimos años propuestas para externalizar parte de la gestión migratoria fuera del territorio comunitario.

● Organizaciones de derechos humanos cuestionaron la iniciativa y advirtieron sobre posibles riesgos para la protección internacional de los solicitantes de asilo. Entre las principales críticas señalaron la posibilidad de traslados a países considerados inseguros y una reducción de las garantías para las personas afectadas.

● Tras el acuerdo político alcanzado entre las instituciones europeas, la reforma avanza hacia su implementación dentro del nuevo sistema migratorio del bloque. Analistas y organismos especializados consideran que representa uno de los cambios más profundos y restrictivos adoptados por la Unión Europea desde la crisis migratoria de 2015.

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