● «Está hecha la trampa, pero no la ley». Con esa consigna, más de 300 organizaciones y referentes de Argentina y América Latina reclaman al Congreso una legislación que obligue a las plataformas digitales a prevenir riesgos para niños y adolescentes. Buscan que Diputados y el Senado avancen antes del cierre de las sesiones ordinarias de 2026.

● Entre los participantes figuran la Sociedad Argentina de Pediatría, Chicos.net y Grooming Argentina. La propuesta no apunta a prohibir que los chicos participen en internet: pretende que las empresas incorporen protección desde el diseño de sus aplicaciones, detecten riesgos y reduzcan posibles daños, en lugar de dejar toda la responsabilidad en manos de las familias.

● El reclamo se apoya en datos de Kids Online Argentina 2025, una encuesta realizada a 5.910 estudiantes de entre 9 y 17 años de escuelas urbanas. Según el relevamiento, el 80% usa redes sociales todos o casi todos los días y el 46% percibe algún uso problemático de internet, celulares o videojuegos. Ese porcentaje no equivale a un diagnóstico clínico.

● Las organizaciones plantean verificar la edad sin invadir la privacidad, impedir que los datos de niños y adolescentes se utilicen para perfiles comerciales y publicidad personalizada, y exigir explicaciones sobre los algoritmos que recomiendan publicaciones y videos. También piden controles sobre el impacto de los servicios digitales y sanciones efectivas para las empresas que incumplan las obligaciones legales.

● Los diez pedidos incluyen además políticas públicas de prevención, acompañamiento familiar, educación digital integral y participación de niños y adolescentes en las decisiones que afectan sus experiencias en línea. El debate ocurre mientras plataformas como Meta enfrentan demandas judiciales en Estados Unidos relacionadas con presuntos daños a la salud mental juvenil, acusaciones que deben distinguirse de responsabilidades judicialmente establecidas.

● La campaña busca acelerar el debate parlamentario antes del 30 de noviembre, cuando finaliza el período ordinario de sesiones del Congreso argentino. Por ahora, el reclamo de las organizaciones no significa que una ley haya sido sancionada ni que las obligaciones propuestas estén vigentes. El próximo paso depende del tratamiento que Diputados y el Senado den a las iniciativas legislativas.

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