El Ministerio de Seguridad endureció los controles migratorios y ejecutó 4.700 expulsiones entre diciembre y enero, bajo la premisa de prohibir la permanencia de ciudadanos foráneos con antecedentes penales.
En un giro drástico de la política migratoria nacional, el Gobierno de la Nación oficializó una cifra récord en materia de seguridad fronteriza. Según datos proporcionados por la cartera que conduce Patricia Bullrich y la Dirección Nacional de Migraciones, Argentina expulsó a casi cinco mil extranjeros en un periodo menor a 60 días.
El operativo, que se intensificó durante el inicio de este 2026, alcanzó a individuos que presentaban pedidos de captura internacional o que fueron condenados por delitos dolosos dentro del territorio argentino. «En diciembre fueron 2.400 y en lo que va de enero sumaron 2.300», detallaron las autoridades, quienes vincularon este accionar con la reciente reforma que facilita la deportación inmediata de quienes infrinjan la ley.
Las medidas incluyeron la cancelación de residencias y el rechazo en frontera de personas que intentaron ingresar al país omitiendo sus antecedentes penales. Desde el Ejecutivo nacional destacaron que estas acciones buscan garantizar que el territorio no sea «tierra fértil» para la delincuencia organizada, reforzando la vigilancia en aeropuertos y pasos fronterizos con tecnología biométrica.
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