● Elisa Carrió, histórica denunciante de la causa Vialidad en 2008 por la que hoy cumple prisión domiciliaria Cristina Kirchner, volvió a la escena política y judicial al acusar públicamente a Karina Milei de tráfico de influencias, cohecho y violación a la Ley de Ética Pública. Sus diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro presentaron la denuncia formal ante la justicia federal, solicitando la investigación de su rol como gestora de reuniones con el presidente.

● La presentación incluye testimonios y chats privados filtrados, donde presuntamente allegados a Javier Milei afirman que debían pagar sumas de dinero a Karina Milei para obtener acceso al mandatario o promover proyectos, como el caso de la criptomoneda $LIBRA, cuya promoción presidencial derivó en estafas investigadas en Argentina, EE.UU. y España. Se cita incluso a empresarios como Hayden Davis, quien habría escrito: “Le envío plata a su hermana y él firma lo que digo”.

● La denuncia también menciona la declaración del orfebre Juan Carlos Pallarols, quien sostuvo que Karina Milei le pidió dinero para facilitar una entrevista con el presidente, y las sospechas en torno al financiamiento de la Fundación Faro Argentino, vinculada a asesores libertarios. Además, se pide investigar reuniones con traders vinculados al escándalo cripto y citas gestionadas con fines comerciales.

● Desde el oficialismo descalifican la denuncia como un «manotazo de ahogado político». Sin embargo, el hecho de que la impulsora sea Carrió (la misma que hace 17 años denunció a la entonces presidenta Kirchner) otorga un peso simbólico e institucional contundente. Si se comprueba el uso discrecional del cargo de Secretaria General de la Presidencia, el impacto podría afectar la legitimidad del círculo más íntimo del poder libertario.

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