Condenaron a Cristina Fernández a seis años de prisión e inhabilitación de cargos públicos por “Administración fraudulenta”, no encontrándola culpable en el delito de “Asociación ilícita”.
La Justicia dará sus argumentos en marzo y los abogados que la defienden adelantaron que apelarán el dictamen judicial tildándolo de «fallo arbitrario». Lo mismo harán los fiscales que pidieron 12 años, buscando ampliar la condena. De esa manera, comienza un largo período de apelaciones hasta tanto la condena quede firme.
Tras la lectura del veredicto, Cristina Fernández habló una hora y expuso la forma en la que se mueve el sistema judicial que la condenó, mostrando una serie de conversaciones y audios entre cuatro jueces federales, un fiscal de la ciudad de Buenos Aires, el Ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires y dos directivos del grupo Clarín. En el final de sus declaraciones afirmó: “Escuche Magnetto: No voy a ser candidata. No les voy a dar el gusto de que ensucien a mis compañeros por tener de candidata a una condenada. Termino el 10 de diciembre y me voy a casa para que me metan presa. Prefiero eso, antes de que me metan un tiro”.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue condenada este martes a 6 años de prisión en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante los Gobiernos kirchneristas (2003-2015). Al dictar sentencia en un juicio que se había iniciado en mayo de 2019, el Tribunal Oral Federal 2 también condenó a la expresidenta a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los jueces hallaron culpable a Cristina Fernández del delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la absolvieron en los cargos por presunta asociación ilícita. La pena dispuesta para Fernández en la denominada «causa Vialidad» es menor a la de 12 años de cárcel que había solicitado en agosto pasado la Fiscalía en los alegatos finales de este proceso.
El tribunal oral también ordenó decomisar los efectos del delito, que consisten en una suma de 84.835 millones de pesos (482 millones de dólares).
La expresidenta, de 69 años y quien en principio goza de inmunidad hasta diciembre de 2023 en razón de su cargo en el Ejecutivo, tiene el derecho de recurrir la sentencia ante tribunales superiores.
En este proceso se juzgaron irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
Además de condenar a Cristina Fernández, el tribunal también impuso una pena de 6 años de prisión para Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti. También impuso diversas penas de entre 3 años y medio y 5 años a los extitulares de Vialidad Nacional en Santa Cruz Mauricio Collareda y Raúl Daruich, a los expresidentes de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz Raúl Pavesi y José Raúl Santibañez y a Juan Carlos Villafañe, exalcalde de la sureña ciudad de Río Gallegos y expresidente de Vialidad de Santa Cruz.
La vicepresidenta, que en los últimos años ha sorteado los pedidos de prisión preventiva dictados en su contra en diversas causas -en muchas de las cuales fue sobreseída- gracias a los fueros que la protegen, siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado ser blanco de un hostigamiento judicial y político.
Asimismo y tras la lectura de la sentencia, la vicepresidenta anunció que no será candidata a ningún cargo en las elecciones de 2023 y subrayó que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un Poder Judicial que es «un Estado paralelo; una mafia», en un mensaje que emitió apenas se conoció el veredicto del tribunal que la juzgó en la causa Vialidad.
“No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua”, afirmó Fernández de Kirchner en una transmisión por su canal de YouTube.
Al dirigirse en un mensaje público al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, la vicepresidenta expresó: “El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, así que podrá darles la orden a sus esbirros de Casación y la Corte Suprema de que me metan presa”.
“No voy a ser candidata a nada. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como en 2015, a mi casa”, subrayó.
Y agregó: “Eso, si a algunos Caputos de la vida no se les ocurre financiar bandas marginales y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro, que es lo que quiere. Presa o muerta”, apuntó sobre el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre en las inmediaciones de su casa.
“A mi inhabilitación perpetua y a estos los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el FMI, se pasean en los aviones de Clarín”, señaló la vicepresidenta.
Fernández de Kirchner sostuvo que la condena en su contra no obedece a un “lawfare ni a un partido judicial; esto es un Estado paralelo y mafia”.
Y señaló que la “confirmación de esa situación fue la filtración de un viaje de exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia a Lago Escondido, y sobre el cual el presidente Alberto Fernández hizo referencia ayer por cadena nacional”.
