● El Gobierno aprobó un nuevo procedimiento obligatorio para que obras sociales y empresas de medicina prepaga resuelvan denuncias de afiliados en no más de 30 días hábiles. La norma fue publicada este jueves por la Superintendencia de Servicios de Salud y ya rige para todo el país.

● Las entidades deberán responder en un máximo de cinco días corridos a los requerimientos formales, y se considerará incumplidor a quien no entregue pruebas que justifiquen su accionar. Además, en situaciones urgentes, los plazos podrán ser aún más breves, por criterio médico.

● Se implementará un ranking público de cumplimiento con los niveles de respuesta de cada prestadora. También se dispuso un nuevo sistema de sanciones graduadas, que pueden superar los $30 millones según la gravedad y reincidencia de las faltas.

● El cambio busca frenar demoras y abusos estructurales en el acceso a la salud. El Estado invierte la carga de la prueba y promete más transparencia. Usuarios y pacientes ven en la medida un posible freno al desamparo institucional y a la impunidad de las prestadoras.

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