● Las empresas vinculadas indirectamente con la explotación de recursos en las Islas Malvinas podrían quedar fuera de algunas sanciones previstas por el Gobierno nacional. El oficialismo aceptó revisar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, en medio de objeciones atribuidas a Estados Unidos y reclamos de bloques aliados, para intentar avanzar en la Cámara de Diputados.

● El cambio central busca concentrar las penalidades en las compañías que desarrollen actividades sin autorización argentina, así como en proveedores y accionistas con participación directa y relevante. La nueva formulación pretende evitar que filiales, subsidiarias o inversores sin intervención efectiva en esas operaciones reciban sanciones automáticamente por sus vínculos empresariales.

● El esquema de multas propuesto mantiene penalidades equivalentes a entre dos y cuatro veces el beneficio obtenido mediante la actividad cuestionada. Si ese beneficio no pudiera calcularse, la iniciativa contempla multas equivalentes al valor de entre 2.000 y 40.000 barriles de petróleo, según los parámetros que establezca el texto legislativo.

● La discusión alcanza a intereses vinculados con la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur, incluido el proyecto Sea Lion, asociado a las compañías Rockhopper y Navitas. La amplitud original de las sanciones generó cuestionamientos por su posible impacto sobre proveedores, inversores y otras empresas que no participan directamente en las operaciones sobre las islas.

● El Gobierno también aceptó incorporar al Ministerio de Seguridad al Consejo de Seguridad previsto en la iniciativa y crear una comisión bicameral de control parlamentario. Además, se analiza exigir intervención del Congreso para determinadas decisiones militares. Son cambios en discusión y no atribuciones que ya hayan entrado en vigencia.

● Otro punto cuestionado es el artículo sobre campañas de desinformación coordinadas por agentes extranjeros. La reformulación anunciada busca excluir expresamente el periodismo, la investigación académica y el debate público del alcance de las sanciones, después de las críticas por los riesgos que la redacción inicial podía representar para la libertad de expresión.

● Las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal tenían previsto tratar el proyecto este martes 27 de octubre. El objetivo oficialista era conseguir un dictamen para llevarlo al recinto, pero el resultado de esa reunión no estaba confirmado al cierre de esta versión. Ninguna de las modificaciones propuestas equivale, por sí sola, a una ley aprobada.

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