● El Gobierno nacional publicó un decreto eliminando la Secretaría de Vivienda. La medida, impulsada por la convicción de reducir la intervención estatal, traspasó la gestión a provincias y municipios.

● El decreto incluyó la disolución de varios fondos fiduciarios, como Procrear, afectando directamente a los programas de vivienda en curso. La Secretaría de Obras Públicas deberá gestionar la finalización de proyectos.

● Sindicatos advirtieron sobre el despido de aproximadamente 500 trabajadores debido al fin de políticas nacionales de vivienda. El acceso a la vivienda dependerá ahora de créditos del sector privado.

● La decisión se produjo en un contexto de crisis habitacional creciente, con una población cada vez más vulnerable y dificultades para acceder a alquileres y créditos.

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