El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, decretó la Ley Marcial y cerró el Parlamento, justificando la medida como necesaria para «proteger al país de las amenazas comunistas». También suspendió todas las actividades políticas y ordenó un estricto control sobre los medios de comunicación.
En un discurso oficial, Yoon afirmó que Corea del Norte representa una amenaza directa para la libertad y la seguridad de su nación, acusando a las fuerzas comunistas de intentar socavar el orden constitucional. “Declaré un estado de emergencia para erradicar las fuerzas traidoras que amenazan nuestra paz y democracia”, expresó.
La decisión ha generado una fuerte polémica internacional y encendidas críticas dentro del país, donde sectores de la oposición calificaron la medida como «un golpe a la democracia». Por su parte, aliados cercanos a Yoon defendieron la acción como un paso necesario ante un contexto de creciente tensión en la península coreana.
Este suceso marca un punto crítico en la historia reciente del país, donde los límites entre la seguridad nacional y los derechos civiles vuelven a ser centro del debate.
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