● El fiscal federal Gerardo Pollicita dictaminó que no hay pruebas suficientes para acusar al exfuncionario Manuel Adorni de enriquecimiento ilícito, pero pidió que el expediente pase a la Justicia Penal Económica para investigarlo por una presunta evasión tributaria. La decisión no implica un sobreseimiento ni el cierre definitivo de la causa.

● Sobre el origen de los fondos, Adorni justificó la incorporación de más de 565.000 dólares en sus declaraciones juradas rectificativas atribuyéndolos a la «venta de activos» y a operaciones con Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, es decir, antes de asumir su cargo público.

● La fiscalía determinó que la prueba reunida no permitió descartar que Adorni haya tenido el dominio de las billeteras virtuales en ese período ni refutar de manera fehaciente su versión. Además, el fiscal argumentó que el enriquecimiento ilícito requiere que el aumento patrimonial ocurra durante o a raíz del ejercicio de la función pública, por lo que la investigación debe reorientarse.

● Pollicita solicitó que la justicia federal penal se declare incompetente y que el caso sea remitido al fuero Penal Económico, para investigar posibles irregularidades impositivas, como Ganancias o Bienes Personales, vinculadas al dinero y a activos que permanecieron fuera de las declaraciones durante años.

● El dictamen también pide investigar, en paralelo, la conducta de terceros: dos desarrolladores inmobiliarios, un contratista y la labor de una escribana. Todo queda ahora en manos del juez federal Ariel Lijo, que deberá resolver si acepta el planteo de Pollicita y remite las actuaciones a la Justicia Penal Económica.

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