● Dentro de 18 días cambiará una de las reglas centrales del sistema penal juvenil argentino: desde el 5 de septiembre, adolescentes que tengan 14 años o más al momento de un hecho podrán quedar sometidos a un proceso penal. La Ley 27.801 reemplaza el régimen anterior y reduce de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal juvenil.

● La norma fue sancionada el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. Su artículo 52 estableció que comenzaría a regir 180 días después de esa publicación. El nuevo régimen alcanzará a adolescentes desde los 14 años hasta las cero horas del día en que cumplan 18, tomando siempre la edad que tenían cuando ocurrió el hecho investigado.

● El cambio no implica que un adolescente de 14 años acusado de un delito vaya automáticamente a prisión. La ley contempla amonestaciones, prohibiciones de acercamiento, restricciones para concurrir a determinados lugares o salir de una zona, tareas comunitarias, monitoreo electrónico, reparación del daño y, para los casos que correspondan, distintas modalidades de privación de la libertad.

● Para delitos cuya pena prevista sea de hasta tres años de prisión, y cuando se cumplan las demás condiciones legales, la prisión deberá ser reemplazada por alguna de las sanciones alternativas. En determinados hechos con escalas superiores a tres y hasta diez años también podrá existir sustitución, siempre que se cumplan los requisitos específicos establecidos por la nueva normativa.

● Cuando corresponda una pena privativa de la libertad, podrá cumplirse en el domicilio, en un instituto abierto o en un establecimiento especializado de detención. La Ley 27.801 prohíbe la prisión o reclusión perpetua para adolescentes y fija en 15 años el máximo de una pena privativa de libertad, incluso cuando la escala penal de los hechos resulte superior.

● El nuevo esquema también obliga a reforzar la especialización del sistema. La ley exige operadores capacitados en justicia penal juvenil, prevé supervisores especializados y prohíbe alojar adolescentes junto con personas adultas. Además, impide publicar nombres, fotografías, residencia, parentescos u otros datos que permitan identificar a un adolescente sometido a proceso penal.

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