● El diputado Gabriel Chumpitaz presentó un proyecto en el Congreso para que todos los funcionarios del Ejecutivo, Legislativo y Judicial se sometan a controles toxicológicos obligatorios. La medida incluye desde el Presidente hasta jueces y legisladores.

● Los test se realizarán al asumir el cargo, anualmente y de forma aleatoria cada tres meses. Analizarán cocaína, marihuana y anfetaminas en laboratorios certificados. «Es una herramienta contra el narcotráfico que empieza por casa», justificó Chumpitaz. El costo lo asume cada funcionario.

● Si un examen da positivo, el funcionario queda suspendido sin sueldo tras una contraprueba. En el Ejecutivo, el Presidente resuelve; en el Legislativo, una comisión parlamentaria decide.

● En 2024, San Luis aplicó un modelo similar: 200 funcionarios fueron testeados con éxito. El gobernador Poggi lo respaldó como ejemplo. El proyecto nacional suma apoyos, pero también críticas por considerarse excesivo.

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